Hacer aeróbic al ritmo del ‘Esclavo de sus besos’ de David Bisbal tiene su precio y la Sociedad General de Autores (SGAE) pone el oído en todas las paredes. Sin ir más lejos, sabía que Víctor Manuel Falconi, propietario del gimnasio Mondel de Cádiz, no tenía licencia para utilizar el repertorio protegido. Y allí se plantó un inspector -tarjeta de identificación en mano-, para comunicarle que todas esas piezas con las que acompaña sus clases de ‘cardiobox’, ‘step’ o ‘ciclo indoor’ tienen derechos de autor.
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«¿Y quién dice eso?», fue la contestación del denunciado, que se pregunta sobre la entidad legal de una sociedad privada, a la que no está abonado, para pedir una cuota. En esas llevan desde 2006, cuando recibió la primera visita del inspector. El resto fueron varios requerimientos vía postal y un encuentro de conciliación al que Falconi se negó a acudir. «Lo único que quieren es cobrar y yo quiero que alguien me explique por qué tengo que pagar cuando no tenía conocimiento de ello», se defiende. Lo último una demanda, acompañada de un cedé con imágenes de su propio gimnasio grabadas con cámara oculta. El juicio está previsto para el próximo 24 de mayo.
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Víctor Manuel Falconi, en la zona de bicicletas, donde lo grabó una detective privada contratada por el colectivo de autores

Víctor Manuel Falconi, en la zona de bicicletas, donde lo grabó una detective privada contratada por el colectivo de autores

El propietario no podía creerlo cuando recibió la notificación. Ahora hace memoria y recuerda a aquella clienta que se inscribió y dio una sola clase, dejando el bolso bien fijo sobre la zona de bicicletas, según su propio relato. Después de dar un lento paseo por las instalaciones, no se supo más de ella. Se trataba de una detective privada contratada por la SGAE para demostrar que el local ponía música sin licencia.
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Efectivamente, fuentes del colectivo de autores admiten haber recurrido a profesionales para conseguir pruebas. Pero recalcan que «sólo lo hacen cuando hay un proceso abierto y por exigencia del propio juez». Según advierten, «se trata de un caso puntual, no hay una campaña de inspecciones puesta en marcha en Cádiz».
La broma le puede salir al titular del negocio por unos 15.000 euros si el cálculo se hace desde que abrió en 2003. A razón de 180 euros por mes, que tendría que abonar por las canciones del hilo musical y las de las clases, en un local de 300 metros cuadrados.
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No es el único. El centro deportivo Ippon Raúl Calvo, cercano al Paseo, ya acumula tres notificaciones del colectivo para cobrar las cuotas. En este caso, la SGAE se plantea recurrir al acto de conciliación, aseveraron las fuentes. Pero el propietario del gimnasio, Carlos Calvo no sólo niega tener constancia de estos requerimientos, sino que asegura no utilizar música del registro.
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¿Quién tiene la razón en todo esto? Los empresarios apelan a la falta información y a que ya pagan un canon cuando compran el disco original. La Sociedad de Autores insiste en que hay una ley de protección de la propiedad intelectual de mediados de los ochenta y en ella se amparan.
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Y mientras, pequeñas peluquerías y restaurantes que han conocido la noticia empiezan a desconectar radios y televisores por lo que pueda pasar. Así han manifestado a este medio varios establecimientos consultados. «Que la crisis ahoga y no están las cosas para multas por escuchar música».
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El desconocimiento sobre el pago por derechos de autor es considerable. De los más de siete gimnasios de la capital consultados, apenas la mitad sabía de la obligación de conseguir una licencia y pagar las cuotas que les corresponde.