La academia de baile puso las entradas de su gala del fin de semana a un euro, más cuatro de donativo, para financiar las lámparas de un quirófano

Alba Sintes modificó la venta de entradas de la gala que celebró el pasado sábado con sus alumnas en Maó para lograr que la Sociedad General de Autores (SGAE) recaude menos dinero de la actuación benéfica y pueda financiarse así la compra de una lámpara de quirófano para un hospital en la ciudad de Fosu, en Ghana.

La directora del estudio de danza puso los tíckets a la venta al precio de un euro, pero también ofreció a quienes los adquirían la posibilidad de realizar un donativo de cuatro euros más para una obra benéfica. La intención es que la SGAE cobre el 10% que le corresponde, sea un espectáculo con fines lucrativos o sociales, del euro que valía oficialmente la entrada y no del montante total. Esto permitiría cubrir la compra de la luz del quirófano para el hospital de Fosu, en el sur de Ghana que llevan las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que en la actualidad deben utilizar un juego de espejos para iluminar su sala de operaciones.

«Vamos a ver qué sucede con la SGAE. Estamos un poco a la expectativa porque sabemos de casos en los que se ha aceptado esta medida, pero también de otros en los que han cobrado incluso el porcentaje de las invitaciones gratuitas repartidas», explicó Alba Sintes.

La directora de la academia de danza apunta que todas las instituciones de la Isla colaboraron gratuitamente en la celebración de la gala del sábado con fines benéficos. El Govern balear ayudó cediendo el recinto ferial en el que se realizó el espectáculo, el Consell de Menorca cedió libres de costes las gradas que se utilizaron para acomodar a las más de 1.000 personas que acudieron a la gala y el montaje de los asientos corrió a cargo de la brigada municipal de Maó. «Esto nos permitió dedicarnos sólo a preparar el espectáculo con las niñas», agradeció la organizadora.

La decisión de destinar el dinero al hospital de Fosu fue una decisión de Alba Sintes tras hablar con su tío Gabriel Calafat quien conoció a unas monjas españolas que trabajan en dicho centro sanitario durante uno de sus últimos viajes a Ghana.

En 2009 la SGAE se llevó 1.150 euros del 10% de las entradas del festival de fin de curso de Alba a pesar de tener también un fin benéfico. Cabe recordar que la Sociedad de Autores tiene la capacidad para no cobrar por un espectáculo si opina que tiene un fin social de interés.

eN relación a la carta de Josetxo Gallués y Jaxinto Gómez titulada Insumisión a la SGAE, publicada el 27/06/2010 en DIARIO DE NOTICIAS, hago las siguientes aclaraciones:

1. Según las normas de propiedad intelectual, el pago de los derechos de autor debe realizarse en aquellos casos en los que existe comunicación pública de material audiovisual o dramático protegido, siempre que ésta no cuente con el permiso de su autor o autores. El acto protagonizado por los antimilitaristas de Navarra en la Casa de Cultura de Burlada en marzo de 2009 cumple ese requisito.

2. Es el promotor/organizador de ese acto de comunicación pública quien asume la responsabilidad de abonar el pago correspondiente, siempre, en función de unas tarifas al alcance de cualquiera (www.sgae.es), auditadas por varios organismos públicos, y que en ningún caso impiden la realización del acto en sí, ya que son las tarifas más bajas y asumibles de Europa.

3. La SGAE no es un activo político o social como lo puede ser, por citar el caso que nos ocupa, un movimiento antimilitarista. Sin desmerecer el papel de estos colectivos en la despenalización de la objeción de conciencia o la insumisión, su trabajo se circunscribe sólo a la gestión de los derechos de autor de sus administrados, los autores y editores, más de 97.000 en la actualidad. A ellos, y sólo a ellos, se debe su labor.

4. Cabe recordar que dicha labor no consiste en robar o extorsionar, como sugieren injustamente los firmantes de la misiva, sino en repartir los derechos de las obras protegidas entre sus propietarios, donde y cuando procede según la legislación vigente. Se trata de garantizar el salario de los autores; un derecho que propiciará la creación cultural en nuestras sociedades, condición sine qua non para el desarrollo de unas sociedades abiertas, despiertas y críticas con lo que les rodea, garantía única de que existan movimientos sociales como el antimilitarista.

5. La libertad no siempre es sinónimo de gratuidad. Así como los antimilitaristas son libres de utilizar contenidos culturales de uso público, mientras sigan utilizando material protegido deberán contar con el permiso de su autor para hacerlo, y si no se da tal, deberán pagar por ello. Los autores también son libres de exigir la retribución que les corresponde en estos casos, como cualquier otro trabajador.

Antonio Rojas

Jefe de Prensa de la SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) animó hoy a los organizadores del certamen del coros que se celebrará en A Coruña el próximo 27 de junio con motivo del primer aniversario de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad a dialogar para solventar los problemas generados por el cobro del canon al tiempo que recordó que el importe para cubrir los derechos de autor del todo el certamen asciende a 88, 97 euros.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes de la SGAE, quienes denunciaron que los organizadores del evento no habían solicitado la autorización “en tiempo y forma” para llevar a cabo un concierto de corales en el que, según la sociedad de autores, hay material que está bajo su “responsabilidad”. “Debemos actuar como marca la ley”, sentenciaron.

Preguntado por si los organizadores del concierto se habían puesto en contacto con la SGAE, desde la sociedad de autores reconocieron que esta mañana se había producido una comunicación, pero que, “colgaron el teléfono” sin permitir “explicarles nada”. Con anterioridad, precisaron, no se estableció ninguna comunicación sobre este evento.

Pese a todo ello, desde la SGAE consideran que 88, 97 euros no es una cantidad “tan importante” como para motivar la cancelación del evento, y se mostraron seguros de que a través del diálogo se “podría haber evitado todo este conflicto”.

Finalmente, la SGAE “confía” en que en los próximos días se puedan retomar las negociaciones con el objetivo de “llegar a un acuerdo”, aunque siempre teniendo en cuenta “lo que marca la ley”.

• La intromisión en un sistema ajeno estará penada, se produzcan o no “daños o lesiones” a los derechos del propietario del mismo.
• Además, con la nueva ley, los ‘manteros’ no irán a la cárcel.
  

La reforma del Código Penal que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevé, en su artículo 197.3, penas de prisión de entre seis y dos años por este delito. En el citado artículo se tipifica la intromisión en sistemas ajenos de manera expresa, al margen de que con el acceso al programa se produzcan “daños o lesiones” a los derechos del propietario del mismo.

Ahora se tipifica como delito informático la programación de aplicaciones que permitan la comisión de estafas

“El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo de derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”, recoge textualmente el nuevo texto de la reforma.

Igualmente, se tipifica como delito informático (artículo 248.2) la programación de aplicaciones que permitan la comisión de estafas. En cuanto a los daños, se incluye como delito tanto la destrucción de información como los ataques que impidan que un sistema informático pueda funcionar correctamente. Estos casos se castigarán con penas que pueden ir desde los seis meses de cárcel a los tres años.

En relación a la propiedad intelectual, el nuevo texto que entrará en vigor dentro de seis meses, recoge como novedad la consideración como falta del fraude contra la Propiedad Intelectual realizada mediante venta al por menor de material fraudulento “cuando el beneficio no exceda de 400 euros”. La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) se mostró “preocupada” por las modificaciones al entender que se “ha cambiado esencialmente la Protección de la Propiedad Intelectual”.

Según la FAP, el texto aprobado sirve para adaptar la ley a la realidad del “top manta” y de la situación social de los “manteros”, pero no es lo suficientemente precisa para limitarse sólo a este colectivo, sino que podría “dejar impune cualquier caso de abuso fraudulento de las obras intelectuales”.